Después del golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya en el 2009, el país se ha sumido en una oleada de violencia controlada y orquestada por el mismo Estado con la complicidad y el financiamiento directo de los Estados Unidos de América. El apoyo explícito que la entonces secretaria de Estado y excandidata presidencial Hilary Clinton le dio al golpe y su urgencia por convocar a elecciones ilegítimas días después del golpe, dan cuenta de la injerencia política, económica y militar que han tenido los Estados Unidos de América en Honduras, aliándose por completo a los sectores hegemónicos que una vez producido el golpe de Estado, organizaron el gobierno a partir de sus propios intereses de acumulación, propios del modo de producción capitalista.

La continuidad durante 10 años del Partido Nacional, responsables del golpe de Estado, ha sumido al país en una de sus más profundas crisis, trayendo como resultado el aumento de la violencia de Estado y la desigualdad, caravanas de migrantes que huyen de estas situaciones hacia el norte del continente, mayor presencia de militares estadounidenses en suelo hondureño, y la centralización del poder en la figura del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue reelecto de manera ilegal en diciembre del 2017; lo cual profundizó aún más la inestabilidad política y económica del país. Asimismo, a partir del 2009, la amenaza contra la vida de líderes sociales se hizo común, llegando inclusive al asesinato de dirigentes como Berta Cáceres, Tomás García, y otras personasos pertenecientes a organizaciones indígenas, campesinas, obreras, entre otros; y que hasta el día de hoy se mantienen con completa impunidad en un Estado que abiertamente se ha declarado enemigo del pueblo, y que recurre a la militarización y a la violencia para mantener el orden.

Por otro lado, las condiciones materiales de vida de la población se precarizan cada vez más ante la acumulación en cada vez menos manos de los recursos y de los medios de producción. Según datos del Banco Mundial, Honduras tiene el 67,1% de su población viviendo en pobreza; situación que se profundizó a partir del 2009. Esta situación empeora cada vez más ante el interés del mismo Estado por privatizar bienes y servicios como la educación y la salud, situación que ha desencadenado múltiples protestas y que se profundizaron en el mes de junio del año en curso.

Como respuesta a esas protestas, nuevamente el Estado respondió con violencia en repetidas ocasiones, al punto de irrumpir militarmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dejando varios estudiantes heridos y violentando abiertamente la autonomía universitaria, uno de los pilares fundamentales de la educación superior logrados en la Reforma de Córdoba de 1918.

Ante esta situación, la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) ex presa lo siguiente: 
-Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo hondureño en medio de la crisis que está atravesando.
– Reconocemos la valentía histórica con la cual han enfrentado la arremetida de un Estado represor en contra del pueblo.
– Repudiamos la violencia y la persecución de líderes sociales por parte del Estado hondureño.
– Hacemos un llamado a que se respeten los acuerdos internacionales que salvaguardan la vida de dirigentes sociales y políticos, y del pueblo en general.
– Apoyamos la lucha de la sociedad hondureña por la defensa de su soberanía y democracia en contra de la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en su territorio.
– Apoyamos el derecho legítimo a la protesta en contra de las iniciativas privatizadoras que precarizan aún más las condiciones de vida del pueblo hondureño.

Dirección Ejecutiva
30 de agosto 2019
San José, Costa Rica

Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social
Associaçâo Latinoamericana de Ensino e Pesquisa em Serviço Social

Clique aqui e confira a nota da Alaeits em PDF.