Durante las últimas dos semanas se ha agudizado una profunda crisis social en Ecuador, la cual tiene como telón de fondo, nuevas reformas de naturaleza neoliberal que aprobó el congreso y que afectarán a amplios sectores poblacionales de ese país; entre éstas destacan la eliminación del subsidio a los combustibles y consecuentemente su aumento, el perdón que hiciera el gobierno del presidente Lenín Moreno a los empresarios por un monto de USD 4,295 millones en impuestos, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por USD 4,200 millones -y que condiciona más al país a avanzar en la reforma neoliberal-, así como políticas de naturaleza laboral que a la postre van a precarizar las condiciones de vida de miles de personas.
Estas medidas no son ajenas en América Latina, deben de entenderse en el marco del fortalecimiento de la agenda neoliberal en la región, y su consecuente impacto en su avanzada por la privatización de instituciones públicas y la seguridad social de nuestros países, saldándose con un impacto negativo en el cumplimiento de los derechos humanos de la población. El rechazo a las medidas del gobierno ecuatoriano, particularmente la eliminación de los subsidios al precio de los combustibles, tuvo inicialmente eco en el sector de los transportistas; y una vez que estos depusieron las movilizaciones, se sumaron amplios contingentes sociales a lo largo y ancho del país, especialmente habitantes Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 2 indígenas, los que dicho sea de paso, son los grupos sociales más empobrecidos y excluidos de ese país.
Es tal el grado de indignación y de malestar social, que la ciudad de Quito fue tomada por miles de manifestantes que exigían la derogación de las medidas legislativas. Lamentablemente, la respuesta del gobierno fue incrementar la represión sobre quienes participaban de las manifestaciones, trasladar de manera urgente la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil -tradicional emporio de la burguesía ecuatoriana-, e insistir que en que las reformas van y no se dará marcha atrás por parte del gobierno. Esta última medida supone el rechazo a cualquier posibilidad de negociación, y estimula escenarios de confrontación social que pueden acabar en una tragedia nacional.
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