La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) manifiesta su profunda preocupación por la dramática situación de violencia vivida en los últimos días en Perú y que es el corolario de la violación de los derechos humanos y la democracia del hermano país.
 

La crisis político-social abierta con el proceso jurídico-parlamentario que emplaza y tensiona la gobernanza del sistema ejecutivo encarnado en el presidente de la República Pedro Castillo (electo en julio de 2021), que determinó su salida del cargo, provocó masivas movilizaciones sociales, especialmente en el interior del país. Lo legal y lo legitimo están en tensión, puesto que acuerdo a las leyes peruana le corresponde a la vicepresidenta asumir la presidencia, sin embargo, la respuesta estatal, bajo la responsabilidad de la vicepresidenta Dina Boluarte, ha sido la represión policial y militar contra la manifestación popular, especialmente contra los movimientos sociales del campo y de las universidades públicas, que ha significado la pérdida de más de 60 vidas a lo largo de país.
 

Los heridos, presos y muertos hasta ahora es enorme, lo que cuestiona la legitimidad de la gobernanza, lo anterior, se acentúa con la reclamación de los movimientos sociales y la reivindicación central de los movimientos de la sociedad civil, quienes demandan con urgencia la apertura de un proceso electoral general, que elija al nuevo presidente o presidenta y la renovación de la conformación del Congreso Nacional. A esta reivindicación central se suma el pedido de una Asamblea Constituyente para reformar la actual Constitución Nacional, sancionada en 1992, bajo el gobierno neoliberal de Alberto Fujimori.
 

Es necesario destacar, también, que diversos procesos sociales denominados estallidos sociales se han producido en otros países de nuestra América Latina en la última década, en una trayectoria que parece comenzar en Honduras, luego Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y ahora en Perú (y hasta cierto punto en Argentina). Si bien, cada país ha realizado diversas reclamaciones al Estado, las salidas políticas han sido heterogéneas, sin embargo, nos empata el anhelo de países que se ajusten a Derecho donde se respeten los derechos fundamentales de las personas, considerando el legítimo derecho a las manifestaciones y, las respuestas que se esperan deben ser rápidas, justas y en dialogo y colaboración con el pueblo.
 

Frente a este funesto y oscuro tiempo en la historia peruana, desde ALAEITS, queremos manifestar nuestro más profundo sentimiento de solidaridad con las víctimas del conflicto y sus familias, así como con los colegas profesionales de Trabajo social, los/las docentes y los /las estudiantes. Repudiamos el uso de la violencia estatal como recurso para tratar demandas populares legítimas y no propiciar el dialogo, puesto que la manifestación democrática es un derecho constitucional en todas las democracias del mundo. Exigimos el respeto de los derechos humanos y las garantías democráticas en Perú, bien como en el resto de América Latina y el Caribe.